Tendrán que inscribirse en el Registro de Animales de Compañía y su cría deberá también ser registrada
Los perros de caza y los perros que usan los pastores quedarán incluidos en la futura ley de protección y bienestar animal, que no solo afecta a las mascotas en el hogar, sino en su conjunto a todos los vertebrados, según el proyecto de ley que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros.
Fuentes del Gobierno han confirmado a Europa Press que, por ejemplo, los dueños de estos canes también tendrán que constituirse como criadores en caso de que quieran cruzar a sus animales y prevén que el mecanismo se desarrolle a través de reglamentos autonómicos. Las mismas fuentes no prevén que está condición suponga más burocracia o coste para los dueños y que el objetivo es ejercer un mayor control ante el abandono de animales.
Esta era una de las discrepancias de la redacción de la norma entre el departamento impulsor, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que quería promover la redacción de una normativa propia para los perros de caza y las rehalas para que se adaptaran a sus circunstancias y a la actividad para las que son empleadas dadas las «especificidades» que los «diferencian de los animales domésticos».
La intención del Mapama, que estaba recogida en la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, chocaba con la voluntad del departamento de Ione Belarra, que finalmente se ha impuesto en el proyecto de ley al que ha tenido acceso Europa Press.
Igual que cualquier otra mascota
En definitiva, los perros de caza y perros de pastoreo y ganadería serán tratados como cualquier otro can, por lo que quien tenga cinco ejemplares deberá estar registrado como núcleo zoológico, si quiere criar habrá de contar con las instalaciones adecuadas, entre otros aspectos. El cumplimiento de estos requisitos será controlado por las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Pero en su Estrategia Agricultura planteaba un tratamiento distinto para estos animales y estudiar, a través de un Grupo de Trabajo, los requerimientos específicos de los perros de caza y las rehalas, analizando la posibilidad de definir unos criterios mínimos consensuados por todas las autoridades competentes.
Según Agricultura, el objetivo principal de la estrategia es fomentar una actividad cinegética sostenible, que permita el equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, una gestión ecosistémica adecuada, el control de las poblaciones cinegéticas y la generación de riqueza en el medio rural.
El texto aprobado este viernes en el Consejo de Ministros prevé en términos generales que las actividades profesionales en las que estén implicados los animales de compañía deberán contar con profesionales titulados o formados en su desempeño, en función de la especie del animal y la actividad que se desarrolle.
Además, de manera reglamentaria el proyecto de ley contempla establecer las actividades profesionales que, por estar relacionadas con animales de compañía, requieren una titulación mínima para su desempeño. Los perros de trabajo tendrán que cumplir condiciones desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales. En cualquier caso, el borrador indica que ningún perro podrá realizar actividades profesionales hasta cumplir los 18 meses de edad.
En lo que respecta a los animales cinegéticos, la propuesta normativa del Gobierno, establece que estos deberán estar inscritos como tal en el Registro de Animales de Compañía, además de estar vinculados en el mismo a la licencia de caza de su titular o responsable.
Por otro lado, los cazadores que quieran criar a sus perros también deberán estar inscritos en el Registro de Criadores, en su categoría correspondiente y en caso de no estarlo, los perros de caza que se mantengan o tengan acceso al exterior de las viviendas y puedan tener contacto no controlado con otros, deberán estar esterilizados. También, en el caso de que haya perros de distintos sexos que no puedan mantenerse de forma separada, deberán estar esterilizados, al menos todos los miembros de uno de los dos sexos.
En cuanto a regalar o vender un perro cazador a titulares no inscritos en el Registro de Criadores, podrá hacerse, pero con el can esterilizado o con el compromiso de su esterilización en un máximo de tres meses si es adulto o antes del año en el caso de ser un cachorro.
Respecto a los perros de pastoreo y guarda del ganado, deberán estar igual que los de caza, inscritos como tales en el Registro de Animales de Compañía y estar vinculados en el mismo registro ganadero de su titular o responsable.
Del mismo modo, los propietarios de estos canes que quieran criar ejemplares deberán estar asimismo inscritos en el Registro de Criadores, en su categoría correspondiente, cuyas condiciones se desarrollarán reglamentariamente. Y si no lo están, los que se estén en el exterior de las viviendas y puedan tener contacto no controlado con otros tendrán que llevar permanentemente un sistema de geolocalización.
Sin embargo, estos no tendrán que estar esterilizados si viven en el exterior de una vivienda. Ese requisito solo se aplicará para al menos todos los miembros de uno de los sexos en el caso de que en un mismo emplazamiento haya perros de distintos sexos que no puedan estar separados.
De manera común a los perros de caza, los de pastoreo y guarda de ganado deberán mostrar pruebas de sociabilidad, porque su ausencia supondrá su clasificación como perros de manejo especial fuera de la actividad específica.
Primera ley contra el maltrato animal en España
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha destacado que esta es «la primera ley» de derechos animales contra «tres principales lacras» sociales que son el maltrato, el abandono y el sacrificio de los animales y considera que la futura norma responde a una «demanda social muy importante» en España donde la sensibilización de los animales es creciente. «Hoy empezamos a reducir la distancia entre el sentir social que busca proteger a los seres vivos», ha celebrado.
Además, ha añadido que junto con el proyecto de ley se ha aprobado un anteproyecto de ley para reformar el Código Penal para poner fin a la «impunidad» que ha gozado el maltrato en España hasta ahora, donde «no hay reproche a quemar a un zorro vivo».
Así, la reforma del Código penal establecerá penas de cárcel de 18 meses, la inhabilitación hasta cinco años para vivir o trabajar con animales y, si el resultado de ese maltrato es la muerte del animal, la pena de cárcel ascenderá hasta 24 meses.
De acuerdo con el texto del anteproyecto, el abandono de un animal, resultará penado con una multa de 1 a 6 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de hasta 90 días y la pena de inhabilitación de uno a tres años para ejercer cualquier profesión relacionada con animales o su tenencia.
Por otro lado, Belarra ha explicado una vez conocidos los resultados del programa VioPET -que acoge a los animales de víctimas de violencia machista que no tienen donde dejar a sus animales-, que han detectado que los maltratadores utilizan a los animales para coaccionar o maltratar a sus víctimas, a partir de ahora la violencia ejercida contra las mujeres a través de sus animales será un agravante en las penas. «Aumentamos las penas porque el compromiso contra la violencia machista es transversal», ha defendido.
Otro de los objetivos del proyecto de ley es luchar contra el abandono animal, ya que, según Belarra, cada año en España se abandonan 300.000 animales, 800 al día. «Son cifras que nuestro país no se puede permitir», valora la ministra, que confía en que una vez que el texto establece que la cría de animales solo podrá ser ejercida por profesionales, la vacunación obligatoria y la creación de varios registros estatales van a ayudar al abandono cero.
Por otro lado, ha añadido que el proyecto prohíbe el sacrificio de los animales de compañía y avanzará contra la «especial» crueldad animal de «prácticas más propias del medievo como el tiro al pichón», o el uso que de aparatos que pueden dar descargas eléctricas, entre otras medidas.
«Tenemos que ser capaces de construir un país en el que los hijos crezcan con el marco de la protección animal», ha defendido Belarra, que ha anunciado que los zoológicos y delfinarios se van a reconvertir en centros de recuperación de especies autóctonas de fauna local.
Belarra ha celebrado que esta es la primera ley de derechos de los animales que homologa a España con otros países y genera un paraguas estatal que permite igualar la normativa autonómica más avanzada.
A su juicio, los ciudadanos que no admiten la crueldad animal piden que las administraciones públicas actúen. «Nos va a permitir luchar contra el maltrato y abandono y nos va a hacer mejores como personas y sociedad. Nos hace más humanos», confía Belarra.
El principal objetivo de la Ley, según el Gobierno no es tanto garantizar el bienestar de los animales evaluando las condiciones que se le ofrecen, sino regular el reconocimiento y la protección de la dignidad de los animales por parte de la sociedad.
Por tanto, regula el comportamiento de las personas hacia los animales como seres vivos dentro del entorno de convivencia con el fin de lograr una tenencia y convivencia responsable y busca fomentar el «civismo por la defensa y preservación» de los animales.
El texto señala que en España uno de cada tres hogares posee un animal de compañía y 13 millones de animales están registrados e identificados, pero se estima que la mitad de los animales de compañía existentes se encuentran fuera del control oficial, al no estar identificados de manera legal, con el riesgo que ello supone, no solo para su adecuada protección sino también para la propia seguridad y salud pública.
De esta reforma legal quedan excluidos los animales de los espectáculos taurinos, los animales de producción, los animales de experimentación e investigación, incluida la docencia y los animales silvestres, excepto si están en cautividad.
