Los perros sacrificados eran sobre todo galgos, como los de esta perrera. / HOY
Santiago Ballesteros
Termino de leer que la Fiscalía de Mérida pide más de cincuenta años de cárcel para una veterinaria acusada de sacrificar a perros de caza sanos. Un total de 41 perros que no valían para la caza según el periódico. Y también, según la noticia, se solicitan otros diez años de cárcel más para once propietarios de estos animales. Por pedir, que no falte.
Desconozco los entresijos, los matices y detalles de la causa judicial. A pesar de ello, tras veintidós años de experiencia rompiendo zapatos en los juzgados de lo penal, le pena solicitada me produce una mezcla de sonrojo, asombro y estupor.
42 años de cárcel fue la condena que recayó sobre el asesino de los dos agentes rurales que murieron en Aspa, Lérida; 8 años fue la condena que recibió por un triple crimen el asesino de la Catana… y así. Vaya por delante que matar perros de la forma que sea está mal y es un delito, pero de ahí ha pedir cincuenta años de cárcel a unos seres humanos por la muerte de unos animales va un trecho largo y sinceramente a mí me parece un exceso. Un desbarre.
Pedir penas propias de delitos como el narcotráfico, la libertad sexual, el homicidio… para un tema de maltrato animal me parece lisa y llanamente un disparate. Que la Fiscalía de Mérida se arranque en su escrito de acusación con cincuenta de prisión es pasarse de frenada, una aplicación desbocada y desproporcionada del derecho penal. Puestos a pedir, ¿por qué no la hoguera?
Y es que me he acordado al leer el titular de la canción de Javier krahe La hoguera. El estribillo viene al pelo: «es un asunto muy delicado el de la pena capital… porque además del condenado… está el gusto de cada cual… empalamiento, lapidación… pero dejadme ¡Ay! que yo prefiera la hoguera… la hoguera tiene un qué sé yo…», y así.
Ironía aparte, me gustaría recordar que el derecho penal es la respuesta más grave que da el ordenamiento jurídico a las conductas de las personas, y que uno de los principios más importantes de su aplicación es el de proporcionalidad (mesura, sentido común, que la pena se ajuste a la gravedad real de los hechos). Ya digo que está muy mal lo que ha hecho esta veterinaria, pero de ahí a pedirle más pena que al responsable del doble asesinato de Aspa va un trecho. Tengo mis dudas de que, además, con la ley en la mano, y teniendo en cuenta de que se trata de un delito continuado, se puede mantener la acusación en esos términos hiperbólicos. Y me extrañaría mucho que ninguna Audiencia hiciera buena esa petición de acusación. Lejos de lo que piensa mucha gente, jueces y fiscales no miran las cosas desde el mismo prisma. Me preocupa, como jurista y como ciudadano, que cunda el ejemplo y que otras Fiscalías, protectoras y demás, se sumen a la ola acusadora pidiendo el garrote, la soga, el asesinato civil en definitiva, a través de penas desorbitadas que causan un daño irreparable en los acusados. Una acusación es una amenaza. Si además está sustentada por el Ministerio Público, es una losa.
Si finalmente, tal y como pide Podemos y D. Sergio Torres, el amo de la Dirección General de los Derechos de los Animales, se modifica el Código Penal y se agravan las penas por los delitos de maltrato animal o se amplía la aplicación de este delito a todo bicho viviente (que es lo que pretenden) cualquiera es susceptible de ser acusado y de sufrir un proceso o una condena penal. Ojo con hacerles el juego a este personal y equiparar penalmente las lesiones o la muerte de los animales a la de seres humanos. Los perros no son hijos ni familia. Humanizar a las mascotas supone deshumanizar y desfigurar la justicia penal y llevar a límites que desconocemos la relación con los animales. El que avisa no es traidor.
Por Derecho
Santiago Ballesteros
Abogado, experto en Medio Ambiente y Caza
santiagoballesteros.com
santiago.ballesteros.abogado@gmail.com
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* Esta es la noticia
La acusación también se dirige contra once propietarios de 41 animales de caza que se estima que fueron aniquilados por no realizar su función.
La Fiscalía de Mérida solicita más de cincuenta años de prisión para una veterinaria a la que acusa de sacrificar perros de caza sanos. Asimismo, reclama penas de hasta diez años de cárcel para once propietarios de estos animales. Ya hay auto de apertura de juicio oral, con lo que solo falta por fijar la fecha de celebración de la vista.
La acusación pública sostiene que entre 2017 y 2019 esta veterinaria, con actividad en una localidad de la provincia de Badajoz, causó de manera continua y a requerimiento de sus propietarios la muerte de diferentes perros de caza, como galgos, podencos y mestizos.
En concreto, afirma que los propietarios de los animales acudían a la veterinaria alegando que los perros ya no cumplían de manera adecuada con las funciones de caza, por lo que querían deshacerse de ellos. La Fiscalía sostiene que la principal acusada se ofrecía a facilitar una muerte indolora mediante una inyección letal. Después los dueños se llevaban el cadáver, que solían enterrar en terrenos de su propiedad o en las afueras de sus poblaciones de origen.
La acusación pública añade que ninguno de estos animales padecía enfermedades que comprometían su vida ni alteraciones en el comportamiento, y tampoco constaba riesgo para la sanidad animal ni orden de la autoridad al respecto, requisitos para poder practicar la eutanasia a los animales de compañía.
De hecho, incide en que prácticamente ninguno de los perros sacrificados pasaba de 5 años de edad. Teniendo en cuenta que su esperanza de vida oscila entre los 10 y los 14 años, considera que la única justificación para su muerte era la inutilidad en la práctica de la caza.
Uno de los argumentos que emplea la acusación es el alto número de fallecimientos de perros en comparación con otras poblaciones similares. En concreto, apunta que entre 2017 y 2019 la acusada dio de baja casi al 12% de los perros censados en su zona de actividad. De ellos, dos tercios eran de razas dedicadas a la caza y más de la mitad tenía menos de 5 años. La Fiscalía compara esos datos con dos localidades con un censo parecido y recalca que en esos casos los fallecimientos en el mismo periodo no llegaron ni al 1,5% del censo.
Falsedad en el registro
Asimismo, apunta errores en la documentación. El Registro de Identificación de Animales de Compañía de Extremadura debe recoger la edad, raza, nombre del propietario y la causa y fecha de la muerte junto con la baja del animal en cuestión. Estas operaciones deben ser certificadas por un veterinario colegiado. En estos casos, la acusación pública asegura que la acusada recogía que morían a causa de enfermedad o accidente.
De hecho, así se inició la investigación, al hallar en un campo los restos de una perra muerta en avanzado estado de descomposición. En su chip informativo se indicaba que había fallecido por accidente, lo que llevó al Seprona a tomar declaración a su dueño, quien reconoció que el animal había sido sacrificado por la veterinaria mediante una inyección por la que pagó 15 euros. La Fiscalía apunta que el precio habitual es de 40 euros, por lo que considera que intentaba captar clientes. Al comparar las fechas y otros canes dados de baja por la misma profesional se llegó al resto de investigados.
La acusación pública añade que de forma sistemática la veterinaria registraba la fecha y causa de muerte de perros sin comprobar esos datos, basándose únicamente en la declaración del propietario. Así llegó a certificar que distintos fallecimientos de un mismo dueño ocurrían el mismo día, en función de la fecha de visita a su consulta, en base a enfermedades no comprobadas.
Por estos hechos la Fiscalía acusa a otras once personas como propietarias de un total de 39 perros, fallecidos presuntamente bajo estas prácticas.
Por todo ello, pide para la principal acusada una condena por 39 delitos de maltrato animal con una pena de 15 meses de prisión y dos años y medio de inhabilitación por cada uno. A esto suma un delito continuado de falsedad documental, por el que reclama dos años y ocho meses de cárcel y una multa de 4.500 euros.
En cuanto a los propietarios, pide su condena como inductores de delitos de maltrato animal a razón de quince meses por cada perro sacrificado. La pena para cada uno depende del número de animales fallecidos, entre dos y ocho por acusado, por lo que la petición de cárcel oscila entre dos años y medio y diez años.
Además de la Fiscalía, en este caso destaca el número de acusaciones particulares, un total de siete. En líneas generales coinciden en el relato de los hechos, aunque elevan a 41 el número de perros sacrificados. Pero modifican la petición de pena para los implicados.
Entre ellas destaca la Federación Extremeña de Caza, que de esa forma persigue prácticas ilegales entre los cazadores. Solicita por cada delito de maltrato animal un año de prisión y para la veterinaria, además, tres años por falsedad documental.
Las asociaciones protectoras de animales Adana, SOS 112 Vagabundos, SOS Perrera Badajoz y El Refugio piden condenas similares para todos los implicados, aunque en algunos casos elevan a un año y medio de cárcel la petición por cada delito de maltrato.
Por su parte, Ecologistas en Acción reclama tres años de cárcel para la facultativa por falsedad documental, pero considera que el delito de maltrato animal debe calificarse de continuado en todos los casos, por lo que solo reclama 22 meses de prisión para cada acusado.
El colegio pacense de veterinarios acusa pero rebaja las penas
En el procedimiento abierto contra una veterinaria por matar perros de caza sin justificación también se ha personado el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, que pide un año y medio de prisión por falsedad documental para la facultativa. En cuanto a la muerte de los perros, aprecia para la principal implicada un único delito de maltrato animal, por el que reclama un año de cárcel, mientras que para el resto solicita penas menores de multas por abandono de los perros.
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