Los ecologistas dudan del cumplimiento real de esta restricción al poderse esquivar a través del denominado control de poblaciones, mientras que los cazadores aseguran que aumentará el abandono del mundo rural
La berrea del ciervo en Cabañeros, uno en los parques nacionales donde se ha seguido cazando.BELDAD / EFE
ESTHER SÁNCHEZ CLEMENTE ÁLVAREZ
A partir de este sábado, 5 de diciembre, deja de estar permitida la caza deportiva y comercial en los parques nacionales del país. Esta fue la fecha que se fijó como fin de la moratoria de seis años para adaptarse a la Ley de Parques Nacionales 30/2014, que estableció que la actividad cinegética es incompatible con estos espacios de máxima protección. Los cazadores aseguran que esto provocará pérdidas de empleos y agravará todavía más el abandono del mundo rural, mientras que los ecologistas advierten de los daños provocados por la caza en estas áreas de enorme valor y muestran sus dudas sobre el cumplimiento real de la prohibición, pues afirman que en algunos casos se siguen dando permisos para matar animales haciéndolo pasar por control de poblaciones.
“En la mayoría de los parques se andarán con cuidado antes de aprobar cualquier actividad cinegética, pero otros seguirán forzando la situación para que los cazadores continúen pegando tiros en estos espacios”, comenta Miguel Ángel Hernández, de Ecologistas en Acción, que critica “las irregularidades” y “confusión” alrededor de esta prohibición. “Es un avance, pues ahora se pueden recurrir todas las normativas aprobadas por debajo de la mesa para seguir manteniendo la caza”, señala este ambientalista, que incide en los impactos de la actividad cinegética en estas áreas protegidas, como la persecución y eliminación de predadores, los desequilibrios poblacionales, la fragmentación de hábitats o la contaminación por el plomo de los cartuchos.
Según establece la Ley 30/2014, los propietarios de cotos de caza dentro de los parques nacionales pueden llegar a acuerdos voluntarios con la Administración para recibir una compensación por el cese de su actividad cinegética, pero en caso de que no ser así se ha de proceder a la expropiación forzosa de los bienes y derechos. De los 15 parques nacionales en el país, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico especifica que todavía queda por aplicar la normativa en Cabañeros, Doñana, Picos de Europa y Sierra Nevada. Sin embargo, Ecologistas en Acción asegura que también se continúa cazando en Sierra de Guadarrama o en Monfragüe.
Un ciervo pasea por las marismas del Parque Nacional de Doñana.EFE
En el caso de Monfragüe, Marcelino Cardiallaguet, de SEO/BirdLife, asegura que la Junta de Extremadura quiere aprobar un plan para que sea personal del parque el que empiece a realizar el control de poblaciones en las fincas de titularidad pública por medio de métodos de captura diferentes a la caza. Sin embargo, este todavía no ha sido aprobado por el Gobierno autónomo, que evita pronunciarse ante las preguntas de EL PAÍS. “El nuevo plan de control ya se informó al Patronato de Parque Nacional de Monfragüe, los propietarios se enfadaron mucho y algunos Ayuntamientos se pronunciaron en el mismo sentido”, comenta Cardiallaguet, que afirma que son muchas las presiones para seguir cazando en el interior del espacio protegido. “Aquí los que no están teniendo voz en todo esto son los 250.000 visitantes anuales que entran en Monfragüe para ver un entorno natural con unos valores de conservación que nada tienen que ver con la caza”, incide.
La visión de los cazadores es muy distinta. La Fundación Artemisán, formada por organizaciones del ámbito cinegético, recoge el sentir del sector y defiende que el coste de prohibir la caza en todos los parques será de 320 millones de euros, que asegura tendrán que pagar todos los ciudadanos. Además, esta organización sostiene que se perderán puestos de trabajo y aumentará la despoblación de las zonas rurales. A esta crítica añaden que el fin de la moratoria se produce “sin que se haya llegado a acuerdos con los propietarios de las fincas y sin que se haya establecido alternativa alguna a la caza para la gestión de las poblaciones”.
En opinión de los defensores de la caza, el crecimiento desmedido de las poblaciones de algunas especies provocará “estragos medioambientales” en la biodiversidad de los parques nacionales. Esta sobrepoblación, defienden, ocasionará al mismo tiempo un aumento de accidentes en carretera, más daños a la agricultura o la aparición de enfermedades en la fauna silvestre, lo que, según afirman, supondrá un riesgo también para los animales domésticos e, incluso, para la salud pública.
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